Además, la empresa debió pagar cerca de 30 millones de pesos a los bolivianos por sueldos atrasados desde enero a la fecha. Por si fuera poco, el director regional del Trabajo, Darko Tapia, señaló que se clausuró en lugar en donde estaban estas personas. "No reúne los requisitos mínimos para hospedar a esa cantidad de personas en calidad de campamento”, dijo. La autoridad agregó que la empresa registra antecedentes por la misma situación en la provincia de Copiapó.
Sigue investigación de la fiscalía
La situación de la empresa Isidora SPA podría empeorar aún más, pues sigue pendiente la arista judicial. No hay que olvidar que el Ministerio Público abrió una investigación ante la posibilidad de estar frente al delito de trata de personas y que contempla penas de prisión en contra de quienes se logre establecer su directa participación y responsabilidad en el ingreso al país de personas extranjeras con ánimo de lucro. En ese contexto, hay varias diligencias encargadas a funcionarios de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.
