El fallo de la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Talca viene a ratificar lo ya dictado por el juez de Garantía curicano Patricio Navarro, en cuanto a decir NO a la suspensión condicional del
juicio de los ediles curicanos.
Sí son funcionarios públicos.
En parte del fallo
se lee de forma textual “Si los participantes tienen además calidad
de funcionarios públicos y ejercen una autoridad pública……”. Esto viene
a echar por tierra los argumentos de las defensas, las que esgrimían que un
concejal no era funcionario público y por ende no puede recibir el trato de éste, en pocas palabras se intentaba demostrar que ante la ley un electo no
responde de acuerdo al estatuto administrativo y las penas que las leyes
imponen a todo funcionario público toda vez que comete un ilícito.
Esto por simplista,
lógico y mundano que parezca es una resolución que, sin duda, marca un
precedente. La Corte de Apelaciones de Talca sostiene en definitiva que un
electo concejal si es un funcionario público y que debe en definitiva guardar
la compostura de éste, en pocas palabras notificó “La mujer del César no solo debe
serlo, sino también parecerlo”.
Recibir un trato diferenciado.
Otra frase del
fallo es que reciban “un trato diferenciado del resto de las
personas, logrando una impunidad frente a los ciudadanos comunes”. Acá
la Corte talquina repone un concepto no menor que es no permitir que ante
hechos que afecten las arcas municipales (o fiscales) se siembre un manto de
impunidad ante el ciudadano de a pie a través de una suspensión condicional del
proceso. Dicho en palabras coloquiales la corte plantea “Acá no permitiremos que la gente
común (el votante) vea que esto pasa colado”.
¡Políticos deben tener una conducta superior a la del
común!
“La actividad que
se les reprocha corresponde a una conducta generalizada de un órgano público
que, por su propia naturaleza y organización, debe tener una conducta superior
al considerado normal para el resto”. Así versa
una de las frases del fallo. Que a mi entender es, sin duda, la más potente. Aquí
la corte notifica a todo Chile que piensa, cree y sentencia que una autoridad
pública electa debe medirse, proceder y comportarse en su función diaria y
pública más allá de lo que la ley o normas indican.
Coincidencia
absoluta con los jueces, los electos, ya
sean Concejales hasta Presidente de la República deben ir más allá del mínimo
requerido de la ley. Están ahí por el pueblo y se les paga para trabajar con
plata también del mismo soberano pueblo. En consecuencia, el llamado de la
Ilustrísima Corte, y que comparto, es que
los electos deben tener un estándar superior al normal, al común, al ciudadano
de a pie. Basta de buscar el subterfugio o doblarle la mano a la chilena a la
ley, ejemplos hay miles. Por fin un órgano del Estado se pone rojo.
Francisco Javier Sanz Abad
MBA, Ingeniero Civil Industrial
