En la audiencia de cargos, que se extendió por casi una hora, la fiscalía formalizó por los delitos de cohecho, negociación incompatible y soborno a cada uno de los intervinientes y con diversos grados de responsabilidad, según lo planteado en audiencia pública por el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente. En torno al alcalde Juan Castro Prieto, el ente persecutor lo formalizó por dos delitos: cohecho y negociación incompatible. Esta calificación jurídica se da por dos casos. El primero de ellos dice relación con el viaje a Argentina, con todos los gatos pagados, realizado en mayo del año 2009 en compañía de Juan Valdebenito, en la ocasión jefe de gabinete del municipio y hoy jefe de la oficina de emergencia de la municipalidad y también imputado de cargos, el ex concejal Christián Garrido Encina y el empresario Cristian Tizza Martínez, gerente general de la empresa CTS, quien asumió los gastos de traslado y alojamiento de todas estas personas junto a Eduardo Bustamante Matta, empresario metalmecánico en equipos para higiene urbana. El objetivo era conocer equipos para el aseo de las calles de Talca.
Cómo ocurrieron los hechos
Sólo cuatro meses después del viaje, el 30 de septiembre, se concreta en sesión municipal ordinaria la presentación al municipio de la empresa Sociedad de Transportes CTS limitada, actuando como presidente del consejo en dicha sesión y en calidad de subrogante el administrador Municipa, Juan Carlos Diaz, también formalizado en esta investigación. Esta empresa, para la sesión de consejo del día 01 de octubre, es la única invitada a ofrecer sus servicios de barrido de calles y retiro de microbasurales aprobándose su contratación directa por medio de decreto alcaldicio por un monto de 42 millones 483 mil pesos mensuales. De esta forma, el Ministerio Público dio cuenta al tribunal de Garantía que tanto Juan Castro como Juan Valdebenito en el ejercicio de los cargos públicos que ocupaban aceptaron recibir y solicitar a Cristián Tizza, representante legal de la empresa CTS, un beneficio económico en su provecho para viajar a la República Argentina con todos los gastos pagados, no respetando el principio de probidad y generando las condiciones necesarias para la celebración de una contratación directa aduciendo una supuesta situación de emergencia, ignorando además la opinión expresa de la directora de control Municipal, Sonia Munizaga, quien instó por una licitación pública.
Más cargos
A lo anterior, se suma en contra de Castro Prieto, el delito de negociación incompatible ya que la empresa Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva Limitada, de la cual el alcalde junto a su cónyuge son propietarios, arrendó a la empresa CTS una bodega cobrando para ello el pago de 500 mil pesos mensuales contrato que se extendió hasta abril de 2014, encontrándose a esa fecha un contrato de prestación de servicios de barrido de calles y levante de microbasurales entre la empresa CTS y la municipalidad, considerando además que en agosto del 2013 por decreto alcaldicio acuerda ampliar el contrato con CTS por medio de firma de Christian Tizza y que tuvo un aumento en dinero al contrato anterior de 9 millones 761 mil 700 pesos mensuales.
Los otros acusados
En el caso de Juan Carlos Diaz y Juan Valdebenito, los peritaje y diligencias trabajados por la fiscalía en conjunto con peritos de la Policía de Investigaciones, dieron cuenta - tal como lo expuso el fiscal De la Fuente – que ambas personas adquirieron en julio del 2013 para su propiedad, dos terrenos avaluados cada uno en 12 millones 500 mil pesos. En agosto del mismo año ambas personas celebraron un contrato de promesa de compra y venta de los dos terrenos con la empresa CTS a través de su representante legal Christian Tizza pagando la empresa la suma de 35 millones de pesos a cada uno, valor – que se agrega en la formalización – supera el real del mercado. Se trata a juicio del Ministerio Público de una transacción que se tipifica como delito de cohecho debido a que ambos estaban en pleno conocimiento, incluso como alcalde subrogante en el caso de Diaz, de que el municipio tenía contrataciones con la empresa CTS. Por esto ambos son formalizados al igual que Christian Tizza, este último por el delito de soborno.
Medidas cautelares
En el caso de Tizza, el tribunal dispuso la medida cautelar de arraigo nacional solicitada por el Ministerio Público. En torno a Castro, Valdebenito y Diaz, el tribunal fijó audiencia para el 27 de septiembre para discutir las medidas cautelares a las que podrían quedar debido a que se acogió la petición de sus defensas en torno a contar con antecedentes de la carpeta investigativa que no estaban legibles, situación a la que no se opuso la fiscalía, el querellante privado y el Consejo de Defensa del Estado que figuran también como intervinientes.
