La reciente tormenta nos trajo algo más que agua y viento, nos dejó una
inexplicable demora en la reposición de la energía eléctrica en vastas zonas de
la país, región y provincia.
Lo anterior, provocó la molestia de la ciudadanía y con justa razón. Algunos
vecinos tuvieron que esperar hasta cinco noches para ver repuesta la “luz”.
¿Pero de quién es la responsabilidad?
Vamos por parte: La comunidad tiene arraigada la idea de que cada Municipalidad
es la responsable de la poda de árboles. No en vano existe el popular dicho “más
peligroso que poda Municipal”. Pero esto es una verdad a medias; el Municipio
es efectivamente el encargado de la poda y mantención de sus áreas verdes, sin
embargo, según la Ley General de Servicios
Eléctricos (DFL 4 - Art. 139° y 222°), son las distribuidoras eléctricas las
responsables de mantener en buen estado las líneas eléctricas en especial y
exclusivamente si estas se topan con ramas y árboles. La ley es aún más explícita:
“Agrega
que los operadores de instalaciones eléctricas deberán incluir en sus programas
de mantenimiento la poda o corte de los árboles que puedan afectar la seguridad
de sus instalaciones”. Establecido
lo anterior no cabe duda entonces de quien es responsable.
¿Evento
de Fuerza Mayor irresistible?
Las
distribuidoras eléctricas son por ley que deben velar por sus instalaciones y
si ello incluye invertir en prevención de poda y corte de árboles es lo que
deben realizar, presupuestar y dar operatividad a esta acción. Y aparentemente fue
eso lo que faltó: “Planificación”. No
estamos hablando de un evento de fuerza mayor irresistible, esto no fue un
terremoto o un acto terrorista, estos últimos no avisan cuando van a ocurrir.
Acá estamos hablando de condiciones climáticas conocidas y cíclicas, todos los
años en el 21 de junio el invierno llega y antes de eso el otoño, no hay por
donde errar. Si a eso sumamos que esta tormenta fue anunciada con notoria y
sonora difusión por parte de todos los organismos técnicos del país, el evento
es aún más predictible y menos azaroso. Simplemente la tesis de “Evento de
Fuerza Mayor no resistible” se cae a pedazos. Los múltiples cortes de energía
se pudieron haber evitado si se hubiese cumplido con un plan de mantención y
poda. No todos evidentemente, pero si varios.
¿Y
ahora qué?
Lo
de siempre, reclamos van y vienen por compensaciones, demandas colectivas
impulsadas por algunos parlamentarios, SERNAC, SEC y por supuesto muchas
autoridades pidiendo la cabeza en bandeja de plata de los encargados de las eléctricas.
Pero la pregunta es otras, ¿qué pasa a futuro, cómo evitamos este desaguisado en
el próximo invierno?
De
todos los movimientos de las autoridades políticas desplegadas en la semana,
hay una en particular que me llamó positivamente la atención: la unión de los alcaldes
de la Región del Maule. Estos fueron en masa a tocar la puerta y a reclamar a
las mismas puertas de la CGE, más una publicitada visita al Superintendente de
Electricidad y Combustible Nacional, es decir, hablaron con los protagonistas.
El proyecto concreto que proponen es:
La
posible firma de un convenio entre la SEC y los municipios maulinos para que
estos últimos cuenten físicamente con un profesional de la SEC en cada
municipio. Lo que supone en definitiva, tener al órgano fiscalizador en las
mismas ciudades de forma descentralizada de la capital nacional y regional.
Solo un dato, hoy en día la SEC del Maule no supera los 5 funcionarios, número
insuficiente para cumplir con el mandato fiscalizador según ley.
Lo
anterior prueba una vez más que en Chile debemos sufrir los efectos negativos
de los fenómenos de la naturaleza; recién ahí se sacan conclusiones, las
autoridades se ruborizan por la falta de respuestas y se promete una vez más, “fortalecer
las instituciones”. ¿Se acuerda de la ONEMI 2.0 post terremoto que se
prometía? Es de esperar que esta idea del SEC “municipal” llegue a buen puerto
y el cargo sea llenado por gente competente y no por operador político de
turno.
Francisco Javier Sanz Abad
Concejal de Curicó
MBA, Ingeniero Civil Industrial