A través de un escrito de 19 carillas, una de las partes querellantes en este bullado caso presentó un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de Talca para tratar de revertir la suspensión condicional del procedimiento que afectaba a ex y actuales concejales, entre ellos el actual alcalde Javier Muñoz, quienes estaban acusados de fraude al Fisco por, supuestas, anomalías en la rendición de viajes a la ciudad argentina de Malargue. Las otras personas involucradas en los hechos son los ex concejales Enrique Soto, Luis Rojas y Miguel Ángel Limardo; el actual concejal Jaime Caneles y los transportistas que facilitaron las cuestionadas boletas para las rendiciones Jaime Cubillos y Juan Vega. Para evitar el juicio oral, se les mandó a hacer un curso de ética y a pagar $50.000 y $100.000, dineros que fueron donados al Hogar del Buen Samaritano de Molina.
"Afecta el derecho a la verdad"
En contacto con www.curicosincensura.com, el abogado patrocinante Fernando Leal señaló que "el fundamento de la apelación guarda relación con que al tribunal se le solicitó en la audiencia que hiciera control difuso de convencionalidad y que si es necesario pidiera un requerimiento de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". En ese sentido, el profesional agregó que "el aprobarse la suspensión condicional del procedimiento afecta el derecho a la verdad, que es un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra ratificada por Chile y que por lo tanto es vinculante para nuestros órganos del Estado".
"No queremos impunidad"
Fernando Leal sostuvo que lo más justo es que se lleve a estrado a los imputados para que la gente sepa de qué se les acusa. "Queremos que se haga verdad. Que lleguemos a un juicio oral porque hay situaciones que constan en la carpeta investigativa que no son de público conocimiento y, dado que son hechos de corrupción, es importante que se llegue a la verdad. No queremos impunidad, menos aún en delitos de corrupción", apuntó.
"Afecta el derecho a la verdad"
En contacto con www.curicosincensura.com, el abogado patrocinante Fernando Leal señaló que "el fundamento de la apelación guarda relación con que al tribunal se le solicitó en la audiencia que hiciera control difuso de convencionalidad y que si es necesario pidiera un requerimiento de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". En ese sentido, el profesional agregó que "el aprobarse la suspensión condicional del procedimiento afecta el derecho a la verdad, que es un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra ratificada por Chile y que por lo tanto es vinculante para nuestros órganos del Estado".
"No queremos impunidad"
Fernando Leal sostuvo que lo más justo es que se lleve a estrado a los imputados para que la gente sepa de qué se les acusa. "Queremos que se haga verdad. Que lleguemos a un juicio oral porque hay situaciones que constan en la carpeta investigativa que no son de público conocimiento y, dado que son hechos de corrupción, es importante que se llegue a la verdad. No queremos impunidad, menos aún en delitos de corrupción", apuntó.