La Corte de Apelaciones de Talca informó esta semana el “cúmplase” de la sentencia que ordena la reincorporación a sus cargos de cuatro funcionarios de planta, despedidos en enero del presente año por el alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera. La decisión del tribunal considera, además, que la municipalidad deberá pagar los salarios correspondientes a los 9 meses en que han estado separados de sus funciones habituales, más los pagos correspondientes a leyes laborales. La sentencia ratificada por la Corte Suprema favorece a la trabajadora social Beatriz Olate Correa, el trabajador de la Dirección de Obras Municipales Mario Jiménez Cofré, la asistente jurídica y fiscalizadora Nicole Hidalgo Díaz y la administrativa Eliana Muñoz López.
Dos causas más
Este caso se suma a la demanda laboral presentada contra Roberto Rivera por parte de los trabajadores a honorarios Gladys Rojas Durán y Waldo González, quienes acusaron ante la justicia su “despido injustificado”. En agosto pasado, el Juzgado de Garantía de Licantén dictó sentencia favorable para estos dos trabajadores, obligando a la municipalidad de Vichuquén el pago de 30 millones de pesos como indemnización.
Dos causas más
Este caso se suma a la demanda laboral presentada contra Roberto Rivera por parte de los trabajadores a honorarios Gladys Rojas Durán y Waldo González, quienes acusaron ante la justicia su “despido injustificado”. En agosto pasado, el Juzgado de Garantía de Licantén dictó sentencia favorable para estos dos trabajadores, obligando a la municipalidad de Vichuquén el pago de 30 millones de pesos como indemnización.
Represalia política
En todos los casos, el denominador común es la cercanía o apoyo de estos trabajadores al exalcalde Román Pavéz López, por lo que a juicio de la concejala Natalia Ramírez Silva se trataría de casos de “persecución política”. “Los caprichos del alcalde están saliéndole caro a la gente de Vichuquén porque, finalmente, son dineros que lamentablemente se van a tener que usar en pagar estos juicios laborales. Los despedidos podrían haber quedado trabajando como correspondía y no habríamos tenido que pagar absolutamente nada", dijo.
Para la concejala, la decisión del alcalde Roberto Rivera podría significar el pago de hasta 50 millones de pesos, no contemplados en el actual presupuesto municipal.
