"En razón que encontramos inaudito lo sucedido en la municipalidad de Curicó, conforme a la documentación que nos envío arquitecta Valeska Peña, antecedentes escritos que acompañan a la presente, solicitamos el ejercicio de sus atribuciones legales ya que este grosero caso bajo ninguna circunstancia puede quedar impune, como habitualmente acontece con este tipo de permisos ilegales". Así comienza la solicitud que realizó el integrante de la Fundación "Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, al contralor General de la República, Jorge Bermudez, y que pretende denunciar, supuestos, actos anómalos en los permisos para edificar el controvertido edificio "Los Alpes", cuyos vecinos que colindan con la estructura reclaman que han perdido privacidad y que se han devaluado sus propiedades con la luz verde que se dio para levantar el edificio de 18 departamentos en la calle Arturo Pérez Canto, en el sector de la villa Rucatremo de Curicó.
"Penalmente responsables"
En el documento se explica que "el director de Obras Municipales de Curicó, en conocimiento pleno de las distintas irregularidades ratificadas por su servicio, cursó el permiso de edificación y vía ingeniosas y obscenas prácticas administrativas procedió a certificar la recepción final de obras del 13/07/17. En tal sentido el artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que los funcionarios fiscales y municipales serán penalmente responsables de sus resoluciones ilegales", Herman recordó que la seremía de Vivienda y Urbanismo intentó frenar la construcción sin éxito.
Delito de prevaricación
En la misiva se agrega que "dado que ese desobediente municipio he demostrado tener interés en generar un hecho ilegal consumado, lo que significaría que posiblemente estemos bajo la figura de la prevaricación, le solicitamos que sea su propio servicio fiscalizador quien entregue la documentación en el ministerio Público para que así el fiscal regional, después de interrogar a los agentes públicos comprometidos y a los actores privados beneficiados con el comportamiento de los anteriores, esté en condiciones de pedirle al tribunal competente la tramitación de la causa".
"Penalmente responsables"
En el documento se explica que "el director de Obras Municipales de Curicó, en conocimiento pleno de las distintas irregularidades ratificadas por su servicio, cursó el permiso de edificación y vía ingeniosas y obscenas prácticas administrativas procedió a certificar la recepción final de obras del 13/07/17. En tal sentido el artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que los funcionarios fiscales y municipales serán penalmente responsables de sus resoluciones ilegales", Herman recordó que la seremía de Vivienda y Urbanismo intentó frenar la construcción sin éxito.
Delito de prevaricación
En la misiva se agrega que "dado que ese desobediente municipio he demostrado tener interés en generar un hecho ilegal consumado, lo que significaría que posiblemente estemos bajo la figura de la prevaricación, le solicitamos que sea su propio servicio fiscalizador quien entregue la documentación en el ministerio Público para que así el fiscal regional, después de interrogar a los agentes públicos comprometidos y a los actores privados beneficiados con el comportamiento de los anteriores, esté en condiciones de pedirle al tribunal competente la tramitación de la causa".
