El 22 de agosto del año pasado la Contraloría Regional del Maule dio a conocer un informe sobre la existencia de "irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la jornada laboral y realización de horas extraordinarias por parte de funcionario, que a su vez, son dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM); así como otras situaciones relacionadas con el paro que afectó al departamento de Salud Municipal de Curicó en noviembre de 2016. En un documento de 47 hojas, el ente fiscalizador determinó que los cinco trabajadores deben devolver pagos de horas extras que en total suman más de seis millones de pesos.

Los nominados

Según el informe, al que tuvo acceso www.curicosincensura.com, "se verificó incumplimiento de la jornada laboral ordinaria y ejecución de horas extraordinarias por parte de los dirigentes gremiales de la AFUSAM de la municipalidad de Curicó, señores Juan Muñoz Barahona, Karen Muñoz Espiria, Patricio Orellana Núñez, Claudia Vásquez Salinas y Luis Muñoz Bravo, debido a que por una parte, el mecanismo de control de asistencia -reloj control biométrico- no fue utilizado por parte de esos funcionarios; existen omisiones en el registro diario y/o ausencia en los marcajes de entrada o salida de sus jornadas laborales; no se aprecian elementos de juicio que den cuenta de la ejecución de labores en esa repartición durante esos días; y por otra, no·se acreditó la ejecución de las horas extras pagadas a esos servidores".

Caso especial

La Contraloría Regional del Maule agrega que se "evidenció que el señor Muñoz Barahona solicitó e hizo uso de su permiso gremial ·los días lunes de cada mes, no obstante, dicho funcionario percibió un total de $1.850.326 por horas extras ·ejecutadas en las madrugadas de los días lunes del semestre bajo revisión, -desde las 00:00 a las 08:00 horas-, sin perjuicio que cumple una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes desde las 08:30 a las 17:03 horas, por lo tanto, corresponde que esa entidad edilicia ordene el reintegro de la suma de $6.324.145, de lo cual deberá informar y respaldar con la documentación pertinente".



Descargos aludidos

En contacto con www.curicosincensura.com, la presidenta de AFUSAM, Karen Muñoz, recordó que el "abril de 2017 este directorio interpuso una denuncia en contraloría por presuntas irregularidades en el departamento de Salud que involucraba a varios profesionales y funcionarios. Curiosamente, a la semana llega contraloría a Curicó a indagar sobre el cumplimiento de la jornada laboral de los dirigentes, en esa oportunidad, de las dos asociaciones. Sin embargo, en el mes de junio del mismo año se estampa una denuncia formal, en carácter de anónimo, en contra de los cinco dirigentes de AFUSAM Curicó".

Complot en su contra

La dirigente criticó el trabajo de la Contraloría Regional del Maule. "Todas estas entidades públicas están pauteadas políticamente, pues hizo caso omiso a la denuncia de esta organización por las irregularidades en el departamento de Salud  y, sin embargo, y curiosamente en dos meses falló en contra de estos dirigentes. Muñoz aclaró que no tuvieron la oportunidad de hacer sus descargos y culpó a autoridades del sector. "Creemos abiertamente que la dirección comunal, liderada por el director de turno Nelson Gutiérrez y en su oportunidad por Marcelo Valenzuela, que fue director subrogante, omitieron a propósito información del cumplimiento de nuestra jornada con el fin de perjudicarnos y de desestabilizar a la organización", apuntó. La dirigente reconoció que en algunos casos pudieron dejar de marcar sus turnos por los constantes viajes que hacen como representantes del sector a los distintos recintos asistenciales de la comuna.



Más dardos

Karen Muñoz dijo que, además, tienen sospechas de que actuaron para perjudicarlos trabajadores de la Sol de Septiembre y de la Asociación de Profesionales de la Salud, pues han denunciado a un doctor que, supuestamente, ha hecho una carrera funcionaria irregular donde ha tenido sobresueldos. Lamentablemente, como la denuncia fue anónima no pueden apuntar con nombre y apellido.
En octubre el alcalde los notificó a través de un decreto del pago, pero apelaron a la Contraloría Regional. La semana pasado supieron que el documento fue rechazado, por lo que el cobro se mantiene. Los afectados están analizando judicializar este tema, pues aseguran que todo se trata de una persecución.




 
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