Luego de poco más de un año de recuperar su libertad, el asistente
social José Luis Fernández Oyarce espera que se haga algo de justicia en su
caso. Si bien el dinero no borrará de su memoria haber estado en prisión
preventiva un año y dos meses, presentó una demanda por 800 millones de pesos
para reparar el daño moral provocado. www.curicosincensura.com tuvo acceso a la acción
legal de 29 páginas donde se señala que va dirigida en contra del Fisco de
Chile, contra su expareja (directora de Dideco de Molina, Margot Alejandra Lueiza Salazar) y el médico Héctor Ramón Contreras Morales que avaló la falta tesis en su contra. La demanda se fundamenta “en el
insufrible calvario que mi representado debió soportar durante más de un año en
que estuvo privado de libertad –así como por las repercusiones posteriores a
ello- por causa de una falsa acusación que realizó su ex pareja –la demandada, la
que lo acusó de violar a la hija de ambos. Acusación que por sí misma no
hubiese sido suficiente para someter a prisión preventiva a mi representado, si
no fuera por los inexplicables errores que más adelante se detallarán, que son
directamente atribuibles tanto al Dr. Héctor Contreras Morales, como al Estado
de Chile, en particular por la falta de servicio que formalmente en este acto
atribuimos al Servicio Médico Legal”.
Calvario
El 2014 el asistente social inició una relación sentimental con
una mujer, quien tenía una hija que reconoció. Al poco tiempo se separó y
comenzó una nueva vida con otra pareja en el sur del país, donde después de dos
años nació un bebé. En mayo de 2016, la ex pareja de Fernández Oyarce supo esa
noticia y, según la demanda, “presa del despecho, de la pena y de la rabia,
rápidamente se apresuró en interponer una denuncia en contra del Sr. Fernández
Oyarce, basada en una serie de deleznables hechos falsamente imputados, que
incluían manoseos, exhibición de material pornográfico, acceso carnal
reiterado, violación, entre otros actos supuestamente efectuados en contra de la
menor de 7 años en ese entonces”. Fue
así que fue formalizado por violación y abuso sexual, y luego de un año
y medio en prisión preventiva, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó lo
absolvió de los cargos en agosto de 2017. Visiblemente, emocionado salió de la
cárcel, pues arriesgaba una condena de 15 años y un día. Ya en libertad, José
Luis Fernández entre lágrimas dijo que “ha sido un año perdido, en que perdí
trabajo; mi credibilidad como asistente social se fue a la mierda, y ahora no
queda más que reinventarme”, fueron sus primeras palabras tras salir del centro
penitenciario.
