El sábado 20 de junio
pasado, Camila Stuven Vásquez recibió
una llamada telefónica desde la Seremi de Salud del Maule para notificarla de que
padecía Covid-19. Ella contó que vivía con su pareja, Ivo Cancino Brito, y su
hijo Pascual, de dos años. En el
documento judicial se agrega que la persona que estaba llamando, le indica que
deben irse los tres a cumplir la cuarentena en una residencia sanitaria ubicada
en el Hotel Santa María, comuna de Panimávida. “El domingo 21, fue contactado
telefónicamente Ivo Cancino, quien les comentó que no era necesario trasladarse
debido a que ellos viven los tres solos y que en su casa pueden realizar la
cuarentena de forma segura y cómoda, más que todo, por lo que significa irse a
un lugar desconocido por a lo menos 14 días y con un niño de dos años”.
Susto
El hombre preguntó, ¿qué
sucede si no queremos ir a la residencia y queremos cumplir nuestra cuarentena
en nuestra casa, por encontrar innecesario el traslado? A lo que le
respondieron que no era decisión de ellos y que si no cumplían con la
instrucción se verían obligados a solicitar que Carabineros los fuera a buscar
a la casa por la fuerza. Para evitar esa situación, accedieron a que los
llevaran y al momento de ingresar los acompañaron a una habitación, la que
contaba con nada más que dos camas y un televisor, y les ordenaron no salir ni
asomarse fuera de la habitación por los 14 días que durara su cuarentena,
manteniéndose encerrados en todo momento. La familia reclamó que el domingo 21
no recibieron almuerzo y que “más de seis horas sin comer, especialmente
Pascual, su hijo de dos años. Los amparados trataron de comunicarse con la
encargada de la residencia, pero recién en horas de la tarde pudieron conversar
con ella y expresarle su punto de vista. La funcionaria, en forma personal, les
dio la autorización para que se pudiesen retirar de la residencia y cumplir su
cuarentena en su domicilio, sin perjuicio de lo cual, no les aseguró que
pudiesen eventualmente ser detenidos en forma posterior.
Poco coherente
El abogado de la familia, Fernando Leal, calificó como poco coherente
“que personas que tienen los medios económicos y logísticos para pasar la
cuarentena en su hogar, se les obligue
ir a una residencia más aún con un niño de dos años”. El profesional
alegó que sus representados están temerosos, por lo cual han interpuesto el
recurso de amparo “a fin de que las autoridades den las explicaciones del caso.
Acá se ha afectado claramente el derecho a la libertad personal, más aún cuando
se les dice que se pueden ir, pero que eventualmente pueden ser llevados
nuevamente”.