La semana de nuestras fiestas patrias termina con la destitución del Delegado Presidencial en la Provincia de Curicó, Roberto González, quien debió alejarse mucho antes cuando en medio del estallido social, cual avestruz, escondió la cabeza en la tierra y guardó silencio frente a la muerte de un joven curicano y nunca se hizo parte o solidarizó con la revolución de la dignidad.
Esta renuncia no
voluntaria es de suma gravedad, en un doble sentido, por cuanto viene a comprobar
la existencia de un centralismo salvaje que mueve las piezas en regiones como peones
de un tablero de ajedrez. Si las
autoridades designadas son funcionales a
las políticas nacionales y al Gobierno de turno se mantienen en sus puestos y
si se ponen del lado de las demandas ciudadanas
corren el serio riesgo de terminar despedidos.
Y en segundo lugar, esto
es grave porque estaría asociado a la búsqueda de amedrentar a parlamentarios
oficialistas para que se ordenen con el Gobierno en el rechazo al cuarto
retiro.
En nuestra opinión, el centralismo
político y una especie de matonaje político son dos expresiones de la vieja
política que tanto daño hacen a la democracia, aumentando el desprestigio de
las instituciones y del propio Gobierno nacional, que una vez más intenta
frenar los retiros con medidas desesperadas.
Frente al primer retiro, el Gobierno optó por meter miedo a la población anunciando el colapso de la
economía, lo que nunca se produjo. Por el contrario, al aumentar el dinero
circulante, aumentó el consumo y con ello se detuvo la caída del PIB.
Luego, en el segundo
retiro, el Gobierno decidió solicitar la intervención del Tribunal
Constitucional acusando que el proyecto vulneraba la constitución, pero terminó
sumándose al retiro, pero obligando a pagar impuestos a las rentas más altas.
Finalmente, en el tercer
retiro, el Gobierno perdió el recurso ante el Tribunal Constitucional y el Congreso obtuvo un nuevo triunfo imponiendo un retiro sin pago de impuestos,
pese a la resistencia del Gobierno y las AFPs.
Desde el punto de vista
de las personas, apremiadas por altas tasas de endeudamiento y con muchas
fuentes de empleo destruidas o bajo amenaza, el primer retiro sirvió para
´parar la olla y pagar deudas, el segundo retiro sirvió para reparar o mejorar las
viviendas y el tercero permitió realizar alguna compra postergada por mucho
tiempo.
Si bien los chilenos
optaron por gastar parte de sus ahorros para la vejez, no fue dinero que se
gastó en excesos y bienes suntuarios, en general los chilenos demostraron gran
sentido de responsabilidad al administrar sus recursos.
¿Y por qué la gente
quiere el cuarto retiro? La respuesta es muy simple: porque nadie valora el
actual sistema de pensiones. El sistema de capitalización individual fracasó al
no poder cumplir con la promesa de buenas pensiones. Hoy día, la posibilidad de
contar con recursos frescos representa una excelente oportunidad para emprender,
lograr el sueño de la casa propia o remodelar el hogar; algo prácticamente
imposible con el salario promedio que ganan los chilenos.
El Gobierno, en lugar de
ponerse del lado de las personas, sale a defender un modelo fracasado y
completamente rechazado por los ciudadanos, sale a defender el negocio de las
AFPs, porque realmente nunca han importado las pensiones. Por años se han
pagado pensiones de hambre que empobrecen a la gente y ahora en su
desesperación por frenar el cuarto retiro ha salido a protagonizar un
repudiable matonaje político.
Esta semana se vota el
proyecto en la Cámara de Diputados y veremos si el proyecto logra los votos
necesarios y los parlamentarios logran empoderar a la gente con una nueva
herramienta para decidir como personas juiciosas que hacer con el 10% de sus
ahorros.
