A paso lento, pero seguro siguen las acciones tendientes a enfrentar la ocupación ilegal de terrenos por más de una treintena de familias.
El delegado
presidencial provincial, José Patricio Correa, señaló que se está trabajando en
el tema, el cual se abordó, incluso, con el subsecretario de Prevención del
Delito, quien estuvo de visita en la ciudad el viernes pasado.
“Los plazos van a
estar establecidos de acuerdo a lo que la justicia indique. Se están haciendo
todas las acciones, está caminando y es importante entender tres cosas
fundamentales”, dijo.
En ese sentido,
precisó que se van a perseguir judicialmente a quiénes estén induciendo y
lucrando con la “toma”, que no pueden vivir personas al borde del río por el
peligro de inundación y, por último, que se velará por el cuidado de los
menores que viven en el lugar.
“No vamos a permitir
vulnerabilidad de derechos de los niños y no vamos a permitir tampoco funcionar
bajo presión”, apuntó.
Preocupación por personas
José Patricio Correa
puntualizó que el asunto es muy delicado, pues hay un tema humano detrás, más
allá de la ilegalidad de la toma de terrenos por parte de ciudadanos, en su
mayoría, extranjeros.
“No es solamente
llegar, destruir un campamento y desalojar. Hay que preocuparse de qué va a
pasar con las personas, los niños que son nuestra preocupación primaria y
evidentemente que esto sea sin violencia. Nuestra preocupación es que no resulte ningún herido ni herida,
independiente de las condiciones de ciudadano que tengan”, aseveró.
