Hasta la Contraloría General de la República, en Talca, llegó un grupo de 10 consejeros regionales para solicitar que se despejen las dudas que pesan sobre el Gobierno Regional en relación a la entrega de recursos a fundaciones.
La petición se produce luego de que la gobernadora, Cristina Bravo, fuera acusada de trata de "apitutar" a un concejal curicano en una de esas entidades sociales, lo cual fue desmentido por los involucrados, ambos de la Democracia Cristiana.
Fundamentos
El vocero de los Cores, Patricio Ojeda, entregó las razones del requerimiento. "Necesitamos garantías de que esa investigación al interior del Gobierno Regional se pueda hacer sin ningún tipo de presión”, dijo.
Las otras autoridades que se sumaron a la solicitud son César Muñoz, Giovanna Paredes, Cecilia Parham, Paola Guajardo, George Bordachar, Mirtha Segura, Juan Andrés Muñoz, Daniel Bustos y Patricio Lineros.
Foto diario La Prensa
