Junto con cuestionar la entrega de recursos a la Fundación Urbanismo Social por parte del Gobierno Regional del Maule, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó una denuncia formal en el Ministerio Público para que se investiguen documentos que acreditarían que la actual administración del Gobierno Regional, encabezada por la gobernadora Cristina Bravo (DC), condicionaba la entrega de dinero a la contratación de personeros políticos y familiares de quienes hoy ejercen la administración de los recursos regionales.
El
parlamentario señaló que tienen antecedentes documentados, principalmente
presentados por la Fundación Urbanismo Social, que recibió fondos por 264
millones de pesos para ejecutar un proyecto de seguridad.
“Nos
llama profundamente la atención que una fundación, que estaba enfocada en temas
de vivienda, también recibiera fondos por parte del Gobierno Regional para un
proyecto de seguridad”, apuntó.
"Pitutos políticos"
Jorge
Guzmán agregó que lo que más nos llama la atención es que “hay dos documentos
escritos donde la fundación le representa a la gobernadora regional y a sus
funcionarios la imposición de tres personas para ser contratadas con cargo a este
proyecto, restándole autonomía e independencia a la fundación en la administración
de sus recursos”.
El
legislador indicó que las personas que le sugieren contratar “uno era un concejal
de la comuna de Curicó, Javier Ahumada, y el resto, los dos restantes que sí
son considerados por la fundación, es la cuñada de un alto funcionario del
Gobierno Regional, del jefe de división Jorge Fajardo, y también la pareja de
la abogada que trabajó y redactó estos convenios de transferencia”.
