La suma de 92 millones 541 mil 984 pesos debe desembolsar el municipio curicano por el despido injustificado de un extrabajador contratado por una empresa externa que instaló alarmas en casas de la villa Víctor Domingo Silva.
El pago obedece a un
fallo del Juzgado de Letras del Trabajo en favor del demandante José Santos
Lueiza Peñaloza, quien ingresó a trabajar el 5 de octubre de 2009 y fue
desvinculado de la empresa Prontec el 17 del mismo mes, es decir, estuvieron
vinculados solo 13 días.
El afectado puso los antecedentes en la Inspección del Trabajo y no se llegó a acuerdo con la contraparte, por lo cual recurrió a la justicia ordinaria, la cual dio luz verde al pago de 206 mil pesos, en resolución de fines de 2009. Sin embargo, los problemas comenzaron el 2010, pues Prontec no quiso pagar y debió responder la Municipalidad de Curicó (de manera subsidiaria), la cual hizo efectiva una garantía. El detalle es que cuando se iba a hacer el pago, la deuda ya había subido a más de un millón 200 mil pesos, quedando un saldo pendiente.
Pasó el tiempo
Sobre por qué aumentó tanto el monto de la demanda, el abogado del otrora trabajador, Julio Herrera, explicó que la causa estuvo sin movimiento varios años y que al reactivarse se encontraron con la sorpresa. “Las deudas de origen laboral, por su sistema de cobranza, son bastante exorbitantes en relación a lo que se paga, ya sea por intereses o reajustes”, acotó.
En contacto con diario
La Prensa y www.curicosincensura.com, el profesional sostuvo que para que se cumpla la resolución judicial,
incluso, solicitó el arresto del actual alcalde, Javier Muñoz, pero que su
petición fue rechazada debido a que la causa comenzó cuando la máxima autoridad
de la comuna era el actual diputado Hugo Rey.
“Y lo voy a seguir
haciendo porque procede. De hecho, ha habido otros alcaldes con orden de
arresto y curiosamente ahí pagan las deudas. Si es necesario, voy a llegar a la
Corte Suprema porque me parece que dejar crecer una deuda que vamos a pagar
todos los chilenos es un exceso”, sostuvo.
Consultado si están dispuesto
a llegar a algún acuerdo de pago con el municipio, Julio Herrera indicó que ha
intentado acercamientos. “Siempre hemos estado en esa posición, pero mi
representado se siente burlado porque
dicen que sí y de repente que no. Entonces, se le resta seriedad”,
indicó.
A hacer caja
Este pago se suma a los
60 millones de pesos que el municipio debe pagar a la familia de un alumno de
la escuela Ernesto Castro, quien denunció falta de servicio tras ser golpeado
por un compañero durante un recreo, hecho registrado en agosto de 2017 cuando
los protagonistas de esta historia tenían solo seis años.
Recordar que la Corte
Suprema mantuvo a firme el pago de 10 millones para la madre del agredido y 50
millones para el menor.