En nada quedó la arista en tribunales, donde el municipio buscaba que fuesen desalojadas alrededor de 200 familias, en su mayoría haitianas, que viven hace bastante tiempo en la orilla del río.
En la audiencia realizada ayer jueves en el Tribunal de Garantía (que se
extendió solo un par de minutos), el fiscal Jaime Rojas apuntó que desde el
Ministerio Público Regional se solicitó cerrar el caso, ya que no se iba a
perseverar debido a que no habría ilícitos en el accionar de los ciudadanos
extranjeros.
El persecutor recordó que ya se había solicitado lo mismo hace algunos
meses, pero no se logró porque quedaba pendiente la declaración de una
funcionaria de Carabineros, lo cual no cambió en nada lo previsto.
Nueva opción
En tanto, el abogado del municipio curicano, Felipe Canteros, dijo que era
previsible el cierre de la causa, aunque reconoció que están estudiando una
nueva estrategia mediante la cual puedan desalojar a las personas que viven en el
borde del río Guaiquillo.
“Dentro de todo lo veo como una oportunidad porque como se aprobó la nueva
Ley de Usurpaciones, eso nos entrega más facultades a nosotros (las víctimas)
para poder desalojar a los ocupantes ilegales”, dijo.
El profesional indicó que van a
“estudiar las acciones legales que vamos a seguir después del cierre de esta
causa”.
Agregó que es una “lástima que el Ministerio Público crea que no hay
delito, pero se abre una nueva oportunidad por esta nueva ley que se aprobó el
24 de noviembre del 2023”.
