En prisión preventiva quedó un funcionario de ese organismo, quien está acusado de aceptar plata para agilizar la inscripción de documentos. Por tal motivo, fue formalizado en el Tribunal de Garantía, el cual decretó su prisión preventiva por el tiempo que se extienda la investigación.
Trascendió que el imputado habría realizado esa práctica
entre los años 2018 y 2020, periodo en que habría recibido depósitos por cerca
de 45 millones de pesos.
El abogado del Conservador de Bienes Raíces, Humberto
Alarcón, señaló que se formalizó por el delito de cohecho agravado en carácter
de reiterado.
“Solicitaba un pago por realizar determinados actos que
eran propio de los deberes de su cargo y con infracción a esos deberes porque
él tenía prohibido aceptar cualquier tipo de pago”, resaltó.
El profesional afirmó que el empleado participaba del
proceso de inscripciones, anotaciones o copias que se realizan en el organismo.
A entera disposición
En contacto con diario La Prensa, Humberto Alarcón
precisó que el funcionario, además, fue formalizado por una nueva figura
delictual que está establecida en la ley.
“Que es el cohecho en razón del cargo, en la cual
diversos usuarios del Conservador de Curicó (donde hay abogados y corredores de
propiedad) pagaban sumas de dinero a esta persona para tenerlo a disposición de
sus requerimientos ante cualquier gestión”, dijo.
El abogado aseveró que ese accionar afectaba la
imparcialidad del funcionario en su trabajo. “Por lo cual, el imputado arriesga
una pena efectiva, donde no tendría ningún tipo de derecho a una sustitutiva,
razón por la cual el tribunal decretó la prisión preventiva por estimar que la
libertad del imputado era considerada un peligro para la seguridad de la
sociedad”, apuntó.
El plazo de investigación se fijó en seis meses, tiempo
en que se seguirán con las diligencias como el alzamiento de cuentas corrientes
y análisis de información en un delito que pasa a llevar a todo un sistema.
