Por casi dos horas se extendió el encuentro, donde participaron autoridades políticas regionales y comunales, además de representantes locales de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El alcalde de la ciudad, George Bordachar, recordó que hay una decisión judicial que ordenó el desalojo de las familias, principalmente extranjeras (haitianos y ahora se sumaron bolivianos), las cuales viven en un terreno municipal en la orilla del río Guaiquillo.
“Estamos con un problema no menor, por eso todos los actores que fueron
invitados como la seremi de la Mujer, seremi de Desarrollo Social, de Vivienda,
Serviu, todo esto es lo que se requiere para poder buscar una solución
definitiva”, dijo.
Precisó que por la complejidad del asunto se seguirán reuniendo en más
mesas de trabajo. “Esto no se puede expandir más, sigue creciendo. El último
catastro hace un año atrás era de 437 personas, pero hoy día con la movilidad y
toda la gente que llega a las cosechas, algunos hablan de más de mil personas”,
contó.
Plazos
En tanto, el delegado presidencial provincial de Curicó, José Patricio
Correa, manifestó que debe analizarse muy bien el asunto porque son muchas las
variables a tomar en cuenta.
“Fuimos muy claros con Serviu y no nos vamos a saltar la fila. No vamos a
otorgar beneficios a quien no tenga los requisitos como cualquier ciudadano", aclaró.
El representante del Gobierno puso como ejemplo que hay que ver “la
situación regular migratoria, si califican y sino buscar otras alternativas de desalojo
de ese espacio. Propusimos comisiones para ver la realidad del proceso y el
Municipio hará ese levantamiento”, apuntó.
Consultado por los plazos que se manejan, José Patricio Correa reconoció
que va para largo. “Son cosas muy extensas y para realizar un proceso tan
grande son a lo menos seis o siete meses, lo importante y central es que ya
partió”, aseveró.
