El Gobierno y la oposición, a excepción del Partido Republicano, han alcanzado un acuerdo en materia de reforma previsional. Este acuerdo, materializado en el ingreso de un conjunto de indicaciones por parte del Ejecutivo, ha permitido la inmediata aprobación en general del proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado y en la práctica significa la reactivación de la tramitación de esta iniciativa que se encontraba totalmente paralizada precisamente por falta de acuerdo.
En síntesis, implica mantener el sistema de capitalización individual y la
administración de los fondos de pensiones por parte de las AFPs, tal como hoy lo
conocemos, pero con ciertos cambios que apuntan a aumentar el porcentaje de
ahorro obligatorio, el que se incrementará en 7 puntos adicionales, calculados
sobre la remuneración imponible y que serán de cargo del empleador.
En otras palabras, incrementa el ahorro previsional. Al trabajador o
trabajadora se le seguirá descontando un 10% de su remuneración imponible y el
empleador pasará a contribuir en régimen un 8,5% de la remuneración imponible
si consideramos el 1,5% que hoy aporta por concepto de seguro de invalidez.
Un aspecto clave de este acuerdo es que, de estos 7 puntos adicionales, 4,5
irán directo a las cuentas individuales de cada cotizante, mientras un 1,5
adicional será un préstamo al Estado para mejorar las actuales pensiones y
llevar la PGU a un monto de $250.000. Este préstamo será devuelto al momento de
la jubilación y un 2,5% adicional se destinará a mejorar el Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia y el llamado Bono Tabla para compensar las pensiones de las
mujeres por su mayor expectativa de vida y el menor número de años de
cotización.
Además, el acuerdo contempla mecanismos para disminuir el cobro de
comisiones y aumentar la rentabilidad de los fondos.
En otras palabras, cedió la oposición que exigía que todo aumento fuera
directo a las cuentas individuales con el apoyo de una millonaria campaña de
publicidad financiada por las propias AFPs, y por cierto cedió el Gobierno que
en su propuesta original planteaba 3% a cuentas individuales y 3% a
solidaridad, esto es, a mejoramiento de las actuales pensiones por medio de la
llamada solidaridad intergeneracional.
Si bien el proyecto podría volver a enredarse cuando regrese a la Cámara de
Diputados, todo parece indicar que el acuerdo es sólido y alcanzará los respaldos
necesarios tanto en el Senado como en la Cámara, evitando una comisión mixta
que volvería a retrasar la tramitación del proyecto.
La pregunta pendiente es ¿quién ganó con el acuerdo?
Si el acuerdo permite mejorar las pensiones actuales y futuras, gana el
Gobierno, si el acuerdo sólo permite consolidar el sistema de capitación
individual y una mayor inyección de recursos a las AFPs gana la oposición.
En mi opinión, si bien el proyecto es un avance, quedan aspectos sin
resolver. ¿El incremento anunciado y la forma de utilizarlo representarán,
efectivamente, un aumento en las pensiones actuales? ¿Qué aumento
experimentarán las pensiones actuales y futuras? ¿Cuantos años deberán
transcurrir para que un trabajador que cumpla la edad de jubilar experimente un
aumento significativo en su pensión en comparación a la pensión estimada bajo
las actuales reglas del juego?, y, dado que conocer en cuanto disminuirán los
ingresos al jubilarse es clave para la seguridad social ¿Cuál será la tasa de
reemplazo con esta reforma previsional?
Finalmente, y no menos importante, ¿no era el minuto de equiparar la edad
de jubilación entre hombres y mujeres?
La respuesta a estas preguntas permitirá que nos formemos un juicio fundado respecto de quién gana con esta reforma previsional, si ganan los trabajadores que por fin podrán aspirar a una pensión digna o si simplemente ganan las AFPs que no sólo seguirán siendo actores, sino que verán aumentar los fondos bajo su administración.
Gerardo Muñoz Riquelme
Abogado y Magister en Gerencia Pública